Las investigaciones en torno a la desaparición del yaguareté Acaí continúan, con el foco puesto en la búsqueda de su collar de monitoreo, el cual aún no ha sido localizado. El fiscal federal Carlos Amad, a cargo de la causa, dialogó con Diario Chaco para brindar detalles sobre los avances de la investigación, destacando dos puntos cruciales: la posible fijación de una recompensa por información certera y la cuantificación del daño ambiental causado por el suceso.
Hipótesis de la Investigación y Descarte de Culpables
El fiscal Amad indicó que, por el momento, la principal línea de investigación que manejan es la de la desaparición del animal y la ausencia de su collar de monitoreo. «Yo tengo la hipótesis de la desaparición y de que no tiene collar, no manejamos otra hasta que no encontremos el collar», expresó el fiscal. Adicionalmente, informó que se están llevando a cabo pericias exhaustivas sobre los teléfonos celulares que fueron secuestrados en los allanamientos más recientes realizados por la Policía.
En un importante giro en la investigación, Amad descartó la participación de cazadores furtivos como responsables de la desaparición de Acaí. Explicó que «No lo son, es muy probable que sea gente que vive en la zona». El fiscal contrastó la situación con otros casos de Formosa donde sí se involucró a cazadores furtivos con armamento sofisticado, señalando que en los allanamientos realizados en esta causa, solo encontraron «un revólver viejo» y no hallaron las armas costosas que caracterizan a los cazadores especializados.
Fijación de Recompensa y Monto del Daño
Con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana y obtener información que permita esclarecer el caso, el fiscal Amad solicitó a la Justicia que se fije un monto de recompensa. «Si la jueza María Belén López Macé me hace lugar al monto que yo pedí de recompensa por un buen dato y capaz que le manden al frente hasta el padre», agregó el fiscal, sugiriendo la necesidad de un incentivo económico significativo.
En otro aspecto de la causa, Amad confirmó que ya se ha fijado el monto del daño ambiental generado por el hecho. La suma establecida asciende a 2.700 millones de pesos argentinos. El fiscal subrayó la magnitud de la cifra, indicando que «Equivale a más de 2 millones de dólares, se trata de una suma importante».
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