El Gobierno nacional anunció una postergación excepcional e improrrogable de tres meses en la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal (texto ordenado 2019), que iba a regir en la justicia federal y nacional penal. La medida busca dar un plazo adicional para asegurar las condiciones necesarias antes del inicio efectivo del nuevo sistema acusatorio.
Durante este período, se mantendrá el sistema actual en la práctica, lo que—según informan fuentes institucionales—permitirá avanzar en tareas organizativas, capacitación de operadores judiciales, ajustes logísticos y coordinación interinstitucional.
La postergación responde a recomendaciones del Ministerio de Justicia de la Nación y se enmarca dentro de la implementación progresiva que y comenzó en algunas jurisdicciones específicas, con el objetivo de ampliar la aplicación en todo el país, incluyendo provincias como Chaco y Corrientes, recién desde diciembre.
Esta decisión permite evitar la superposición de sistemas procesales disímiles y garantizar que la transición sea ordenada y eficiente. Con este panorama, el nuevo régimen acusatorio se prevé operativo a partir de fin de año, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y organizativos previstos por la normativa vigente.
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