El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco ratificó la constitucionalidad de la ley provincial que prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad en comisarías y cárceles, medida impulsada por el gobernador Leandro Zdero para combatir delitos organizados desde los lugares de detención .
Sin embargo, en una sentencia dividida, el STJ declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley 4033-J, que establecía la inhibición permanente de señales de telefonía e internet en los establecimientos penitenciarios .
El fallo, adoptado por mayoría en la sentencia 183/25, dio parcialmente lugar a un habeas corpus presentado por la Defensora General Adjunta y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura .
El STJ consideró que el sistema que limita el uso de telefonía celular e internet en las cárceles chaqueñas es constitucional, pero cuestionó la disposición que establecía un bloqueo total y permanente de la señal .
Según los jueces que votaron por la mayoría, esa medida implicaba una prohibición absoluta, lo que resulta incompatible con los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad .
El fallo reconoce que el artículo 1 de la ley no prohíbe totalmente el uso de la tecnología, sino que establece un marco para regularlo en función de criterios de seguridad institucional.
En cambio, el artículo 2 —que imponía la instalación de inhibidores de señal— fue calificado como contradictorio con el espíritu de la norma y contrario a los derechos humanos
El STJ instó a las autoridades a cumplir con siete recomendaciones orientadas a garantizar un uso responsable y equitativo de la tecnología en las cárceles, y advirtió que cualquier limitación debe ser razonable, proporcional y justificada en función del orden y la seguridad penitenciaria .
Desde el Ministerio de Seguridad se destaca que esta normativa ya se encuentra en aplicación en todo el territorio provincial y que los procedimientos de requisa, secuestro de dispositivos y control del cumplimiento de la ley se realizan con la intervención de personal especializado, respetando las garantías constitucionales y los derechos humanos
Con esta acción coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el gobierno provincial reafirma su compromiso con una política de seguridad firme, moderna y enfocada en la prevención del delito, priorizando el bienestar y la tranquilidad de todos los chaqueños .
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