Diputados provinciales del interbloque Frente Chaqueño elevaron una denuncia penal contra el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodriguez, y otros funcionarios de la cartera sanitaria. La presentación judicial apunta a las presuntas irregularidades administrativas que permitieron el desempeño de Lidia Mabel Ojeda, la mujer detenida tras descubrirse que ejercía ilegalmente la medicina dentro del sistema público.
La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, bajo la órbita del fiscal César Collado. Según los legisladores, representados por el abogado Marcos Sosa, las responsabilidades legales «no se agotan» en la figura de la acusada, sino que alcanzarían a los funcionarios responsables de validar las credenciales de los profesionales contratados.
Graves omisiones y uso de matrícula ajena
De acuerdo con el escrito presentado, el accionar de Ojeda fue posible gracias a una falla sistémica en los mecanismos de auditoría del Ministerio de Salud. La investigación señala puntos críticos que comprometen la gestión oficial:
- Usurpación de identidad: Ojeda utilizaba la matrícula profesional N° 6822, perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez.
- Pagos del Estado: La mujer fue incorporada a esquemas de guardias médicas y percibió haberes públicos sin una validación mínima de sus títulos.
- Documentación apócrifa: Se le adjudica la firma de al menos diez certificados de defunción utilizando sellos y documentos falsos.
- Riesgo sanitario: Atendió a numerosos pacientes en distintos centros asistenciales durante su desempeño irregular.
Posibles figuras penales para los funcionarios
Los legisladores opositores sostienen que el ministro Rodriguez y su equipo podrían haber incurrido en delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y nombramientos ilegales. Asimismo, advierten que, de probarse negligencias fatales en la atención de pacientes, la causa podría derivar en cargos por homicidio culposo y abandono de persona.
La denuncia solicita formalmente que la Justicia avance con la imputación de los responsables políticos y administrativos del área de Salud, entendiendo que hubo una falta de control que puso en peligro la vida de los ciudadanos y afectó la transparencia de las designaciones en el Estado provincial.
