Nuevos y escabrosos detalles han surgido en torno a la causa que investiga a L.M.O. por ejercicio ilegal de la medicina en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. El director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila, confirmó que la mujer no solo usurpó una matrícula ajena desde agosto del año pasado, sino que intervino en casos con desenlaces fatales.
«La mujer llegó a firmar nueve partidas de defunción. Atendió a personas que terminaron falleciendo, utilizando su firma y el sello con la matrícula de otro profesional», reveló Di Nubila en diálogo con la prensa, subrayando la gravedad de que una persona sin formación estuviera al frente de situaciones críticas.
SOSPECHAS POR FALTA DE CAPACITACIÓN
La alerta se encendió entre el propio personal sanitario. Durante su desempeño en la «Copa Indunor», enfermeras notaron que la supuesta doctora carecía de conocimientos básicos: «Ellas tuvieron que realizar las suturas ante la impericia de la mujer», relató el director. Incluso se detectaron falencias graves durante las recorridas de control, lo que llevó a verificar su identidad.
Al cruzar datos, se descubrió que el número de matrícula utilizado pertenecía en realidad al Dr. Vásquez, un médico de Juan José Castelli que se desempeña en el ámbito privado y que desconocía por completo que su identidad profesional estaba siendo utilizada.
IDENTIDAD FALSA Y PARADERO DESCONOCIDO
Sobre el perfil de la imputada, se supo que brindaba información contradictoria: aseguraba ser de Formosa o Corrientes, pero registros electorales indican que votó en Sáenz Peña, donde aparentemente se hacía pasar por enfermera para realizar cuidados domiciliarios.
«Aparece en los cronogramas de guardia de febrero, marzo y abril, pero ahora desapareció y no la encuentran», detalló Di Nubila.
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
Además de la denuncia penal por «ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título» que tramita el Fiscal Marcelo Soto, se han iniciado actuaciones administrativas para determinar cómo se concretó la contratación sin verificar la documentación básica. Se ha solicitado a los directores de los hospitales involucrados informes urgentes para explicar la incorporación de una persona sin relación formal con Salud Pública.
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