La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dio un paso clave en la causa que investiga a siete efectivos policiales por el intento de robo de 9 kilos de cocaína durante una quema judicial en diciembre de 2025. La jueza Rocío Alcalá rechazó los planteos de nulidad de las defensas y confirmó la plena validez de la investigación.
Con esta resolución, la magistrada ratificó lo decidido previamente por el juez Enrique Jorge Bosch, validando las evidencias recolectadas hasta el momento. Alcalá sostuvo que no se configura un «perjuicio irreparable» para los imputados, ya que cualquier cuestionamiento podrá ser debatido nuevamente en la etapa de control de acusación o durante el juicio oral.
EL DEBATE PROCESAL
Durante la audiencia, las defensas argumentaron que la negativa a revisar ciertas decisiones vulneraba derechos constitucionales. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal defendió el proceso actual, señalando que el sistema acusatorio pone límites claros a las impugnaciones para garantizar la celeridad de la causa y evitar dilaciones innecesarias.
La jueza destacó que en las instancias previas se respetaron todas las garantías procesales, lo que permite que el expediente avance hacia el debate sin vicios que comprometan la búsqueda de la verdad real sobre el faltante del estupefaciente.
SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS
Esta decisión se suma al reciente revés judicial para los cabos Gustavo Quizama y Néstor Urne Canteros, a quienes se les denegó la prisión domiciliaria esta misma semana. Los implicados permanecen alojados en distintas dependencias de Gendarmería Nacional:
- Escuadrón 14 (Las Palmas): Néstor Urne Canteros, Gustavo Acosta y Juan Almirón Núñez.
- Escuadrón 18 (Las Lomitas, Formosa): Gustavo Quizama.
- Escuadrón 15 (Bajo Paraguay, Formosa): Subcomisario Andrés Ramírez.
Hasta la fecha, el único que cuenta con el beneficio de prisión domiciliaria es el oficial principal Lucas Exequiel Martínez. Los siete uniformados enfrentan cargos graves: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por ser funcionarios públicos, en concurso con peculado.
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