En una jornada clave para la administración pública, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, explicó los alcances de la resolución del máximo tribunal provincial respecto a la política salarial. Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que todas las medidas se tomarán con «responsabilidad y garantizando el pago de haberes», subrayando que es una facultad exclusiva de su gestión el manejo del presupuesto.
Los puntos centrales del fallo
Según detalló el funcionario, la Justicia ha respaldado la postura oficial al establecer que no corresponde imponer esquemas rígidos de actualización:
- Mecanismo alternativo: Será el propio Ejecutivo quien defina cómo se actualizarán los salarios, basándose en la disponibilidad real de recursos.
- Fin de la automaticidad: El fallo aclara que no es pertinente mantener la «cláusula gatillo» como una imposición externa, reconociendo que las políticas salariales deben ajustarse a la realidad financiera.
- Sustentabilidad: Se prioriza el equilibrio de las cuentas públicas para evitar compromisos que pongan en riesgo el funcionamiento del Estado.
Previsibilidad y poder adquisitivo
Pese a la eliminación de la obligatoriedad del esquema anterior, Ferro intentó llevar tranquilidad a los trabajadores estatales:
“Este fallo respalda la responsabilidad con la que venimos administrando. Continuaremos trabajando en herramientas que permitan recomponer el poder adquisitivo, pero siempre dentro de un marco de previsibilidad y sostenibilidad económica”, afirmó el ministro.
La decisión judicial representa un espaldarazo político para la gestión provincial en medio de las tensiones paritarias. Al recuperar la discrecionalidad sobre el presupuesto salarial, el Gobierno busca evitar el desfasaje financiero que provocaba la inflación en los compromisos fijos, aunque ahora deberá enfrentar la presión de los gremios para establecer un nuevo índice que no deprecie los ingresos de los empleados públicos.
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