La Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El objetivo es suspender de forma inmediata el proceso de discovery (exhibición de pruebas) autorizado por la jueza Loretta Preska en el litigio por la expropiación de YPF.
Los argumentos del Estado
La defensa argentina sostiene que avanzar con la producción de documentos, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios, causaría un “perjuicio irreparable para la soberanía nacional”. Los abogados del Estado basan su pedido en tres pilares:
- Jurisdicción: Se insiste en el principio de forum non conveniens, argumentando que el caso debe juzgarse en Argentina y bajo ley local.
- Cooperación previa: El país destacó haber entregado ya más de 117.500 páginas de documentos y facilitado 37 horas de testimonios de funcionarios de alto rango.
- Apoyo externo: Se mencionó que el Departamento de Estado de EE. UU. presentó un escrito respaldando parcialmente la postura argentina frente a las exigencias de los demandantes.
El fantasma del «desacato»
La presentación busca también suspender la audiencia probatoria programada para fines de abril, donde se trataría el pedido de los demandantes (Burford Capital) para declarar a la Argentina en desacato. Para el Gobierno, la posibilidad de sanciones financieras adicionales es «improcedente y desproporcionada».
“Seguiremos defendiendo los intereses de la Nación en todos los foros necesarios, utilizando los recursos públicos para evitar que una interpretación incorrecta del derecho argentino afecte nuestras finanzas”, subrayó la Procuración en el escrito.
Impacto financiero
Este pedido de suspensión es vital para la estrategia económica del país, ya que una declaración de desacato o la imposición de multas diarias complicarían la previsibilidad financiera en un año marcado por la necesidad de retornar a los mercados de crédito internacionales.
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