La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron formalmente imputados por cargos de narcoterrorismo y otros delitos graves vinculados al narcotráfico ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La acusación se conoció luego de la captura y traslado de ambos a territorio estadounidense en el marco de una operación militar y de seguridad que desató una fuerte tensión internacional.
Según detalló Bondi, los cargos incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra que podrían ser utilizadas contra intereses estadounidenses. La imputación forma parte de una investigación de largo alcance que ahora se desarrolla en tribunales federales de Nueva York. }
En un mensaje difundido en la red social X, Bondi precisó que tanto Maduro como Flores “enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses” y agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a las fuerzas de seguridad por las acciones que permitieron su captura, que Washington considera clave para combatir el tráfico de drogas transnacional.
La acusación se presenta en el contexto de una larga lucha entre las autoridades estadounidenses y el gobierno venezolano, al que Washington ha señalado en múltiples ocasiones por su presunta participación en estructuras de narcotráfico internacional. El Departamento de Justicia afirma que los cargos responden a actividades que habrían ocurrido durante años, con el supuesto uso de conexiones estatales para facilitar el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia el mercado estadounidense.
El anuncio eleva la tensión diplomática entre ambos países y supone un inusual caso en el que un jefe de Estado en funciones es requerido por la justicia de otro país por delitos graves. Las autoridades judiciales estadounidenses avanzan ahora con el proceso legal, mientras que gobiernos e instituciones internacionales analizan las implicancias legales y políticas de las imputaciones.
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