El gobierno de Venezuela declaró un estado de conmoción exterior tras denuncias de agresiones militares en varias zonas del país, en medio de una crisis política y militar que se profundizó tras el anuncio de Estados Unidos sobre la captura de Nicolás Maduro. En un comunicado oficial, las autoridades reconocieron que desconocen el paradero del presidente venezolano y de su esposa, Cilia Flores, y exigieron información clara sobre su situación.
La medida se dio en el marco de una fuerte escalada de tensión internacional luego de explosiones e informes de ataques en Caracas y otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira, que el gobierno venezolano atribuyó a una supuesta “agresión militar” por parte de fuerzas externas. El decreto de estado de conmoción exterior busca “proteger los derechos de la población y garantizar el funcionamiento pleno de las instituciones”, además de autorizar el despliegue de fuerzas militares y policiales para hacer frente a la situación.
En el mismo contexto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que las autoridades no tienen información confiable sobre la ubicación de Maduro ni de Flores, y exigió al gobierno de Estados Unidos una prueba de vida urgente para despejar dudas sobre su estado. Este pedido se suma a las declaraciones previas en las que se ponía en cuestión la versión de su captura tras una Operación Militar reportada por Washington.
El decreto de estado de conmoción ha sido interpretado como una medida para consolidar el control interno ante la incertidumbre y movilizar recursos de defensa. Las autoridades venezolanas sostienen que esta situación amerita una respuesta firme frente a lo que consideran una injerencia en la soberanía nacional, y han llamado a movilizaciones y a la participación de la población en apoyo a las instituciones.
La comunidad internacional ha seguido de cerca los acontecimientos, con diversas expresiones a favor y en contra del modo en que se desarrollan los hechos, y con llamados a respetar la legalidad internacional. La falta de claridad sobre el paradero de la máxima autoridad del país genera un clima de incertidumbre política que, mientras tanto, mantiene en vilo a la población venezolana y a gobiernos de la región
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