Acción del Ejecutivo frente a fallo judicial
En Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció que apelará el fallo emitido por el juez federal Martín Cormick, que decretó la nulidad del denominado protocolo antipiquetes, herramienta normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad para garantizar el orden público ante bloqueos de rutas y cortes de tránsito que afecten la libre circulación.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó la decisión judicial y calificó el fallo como un retroceso para la seguridad ciudadana, asegurando que “sin protocolo no hay orden, hay caos”.
Fundamentos del Gobierno y defensa institucional
Monteoliva sostuvo que el protocolo cuenta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”, y enfatizó que se trata de una herramienta que “devolvió orden y tranquilidad a quienes desean vivir en paz”.
El anuncio de la apelación se realizó tras la declaración de nulidad por parte de Cormick, que puso en cuestión la legitimidad del instrumento legal diseñado para que las fuerzas de seguridad puedan intervenir ante bloqueos que obstaculicen el normal desenvolvimiento ciudadano.
Reacción institucional y próxima instancia procesal
Con la presentación de la apelación, el Ejecutivo busca revocar la decisión judicial ante instancias superiores, sosteniendo la importancia del protocolo para mantener el orden público y proteger la propiedad privada, así como la seguridad y la libre circulación de las personas.
La apelación se inscribe en el marco de un debate jurídico más amplio sobre los límites entre las medidas administrativas de seguridad y los derechos constitucionales de manifestación, que ha generado diversas interpretaciones legales a nivel federal.
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