Autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) expresaron su firme respaldo a la reciente sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, destacando que la normativa pone fin a mecanismos de control que resultaban anacrónicos y contraproducentes. Desde el organismo recaudador señalaron que la eliminación de ciertos regímenes informativos y de fiscalización permitirá simplificar la vida de los contribuyentes, reduciendo la carga burocrática y enfocando los esfuerzos de control en los sectores de verdadera relevancia fiscal.
Fin de la persecución administrativa innecesaria
Uno de los puntos más celebrados por la conducción de ARCA es la derogación de lo que calificaron como un «régimen absurdo» de presunciones. Bajo el esquema anterior, el Estado obligaba al ciudadano a justificar cada movimiento patrimonial menor bajo sospecha de evasión, lo que generaba un clima de hostilidad y desincentivaba el ahorro y la inversión. Con la nueva ley, se recupera el principio constitucional de inocencia en el ámbito tributario, donde el fisco debe demostrar la irregularidad antes de aplicar sanciones o bloqueos administrativos.
Desde el organismo explicaron que esta reforma no implica un debilitamiento del Estado, sino una modernización necesaria. Al elevar los umbrales de punibilidad y simplificar los procesos de declaración, ARCA podrá redistribuir su personal y recursos tecnológicos hacia el combate del contrabando y las grandes maniobras de fraude organizado. Esta optimización de la estructura estatal busca que el contribuyente cumplidor deje de ver a la agencia como un obstáculo y comience a percibirla como una entidad eficiente y justa.
Fomento a la transparencia y la inversión
La nueva normativa también facilita la regularización de activos de manera voluntaria, eliminando las trabas que impedían que muchos argentinos reingresaran su capital al circuito formal. Para los funcionarios de ARCA, la transparencia que promueve la ley ayudará a formalizar la economía de manera orgánica, sin necesidad de medidas coercitivas extremas que históricamente solo han servido para aumentar la informalidad. Se espera que la reducción de la litigiosidad administrativa genere un ahorro significativo tanto para el Estado como para el sector privado.
Finalmente, se destacó que la ley establece un marco de previsibilidad que es fundamental para atraer inversiones de largo plazo. Al acortar los plazos de prescripción y limitar la discrecionalidad de los inspectores, se reduce el «riesgo fiscal» que pesaba sobre las empresas y emprendedores. Desde ARCA concluyeron que este es un paso decisivo hacia un sistema tributario moderno, basado en el respeto a la propiedad privada y la libertad económica, pilares indispensables para el crecimiento sostenido de la República.
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