En una decisión trascendental para el ordenamiento económico del país, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de «Inocencia Fiscal». Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca terminar con la persecución arbitraria del Estado sobre los ahorros privados y fomentar la reinserción de capitales al circuito productivo. El objetivo central es dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes, permitiendo que el capital guardado fuera del sistema financiero se movilice sin el riesgo de sanciones desproporcionadas.
Seguridad jurídica y actualización de umbrales
La nueva normativa introduce un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y el ciudadano. El principio de «Inocencia Fiscal» establece que la carga de la prueba recae sobre el Estado, limitando la capacidad del organismo recaudador para realizar presunciones de evasión automáticas. Un pilar fundamental de la ley es la actualización de los montos del Régimen Penal Tributario; el umbral para la evasión simple se elevó de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos, ajustándose a la realidad inflacionaria y evitando la criminalización innecesaria de contribuyentes por montos menores.
Esta medida permite que la justicia federal se enfoque en los grandes delitos financieros, optimizando los recursos públicos y reduciendo la burocracia judicial. Además, para garantizar que estos valores no queden obsoletos frente a la devaluación de la moneda, se estableció un mecanismo de actualización automática basado en la unidad de valor adquisitivo (UVA). El nuevo esquema también contempla una reducción significativa de multas para quienes regularicen su situación, incentivando el cumplimiento voluntario por encima de la coerción.
Libertad de ahorro y simplificación tributaria
Para los tenedores de los denominados «dólares del colchón», la ley elimina barreras de entrada al consumo y la inversión. El nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada permite a las personas humanas y PyMEs con ingresos moderados calcular su impuesto a las Ganancias sobre la facturación real, protegiendo su patrimonio neto de auditorías intrusivas. Esto facilita que el ahorro privado se transforme en inversión genuina, reactivando sectores como la construcción y el comercio sin el temor a que el crecimiento patrimonial sea castigado por el Estado.
Finalmente, la ley acorta los plazos de prescripción de las deudas fiscales a solo tres años para los contribuyentes que demuestren buen comportamiento. Esta reducción de los tiempos de reclamo busca dar un cierre definitivo a las contingencias legales, permitiendo que las empresas y emprendedores operen con mayor previsibilidad. Con estas reformas, el Gobierno busca fortalecer el respeto a la propiedad privada y generar un entorno amigable para los negocios, promoviendo una «monetización endógena» impulsada por la propia confianza de los ahorristas argentinos.
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