La Confederación General del Trabajo emitió un comunicado oficial tras conocerse la decisión del Gobierno Nacional de postergar el tratamiento de los puntos más sensibles de la reforma laboral incluidos en el paquete legislativo oficial. Desde la central obrera calificaron este retroceso del Ejecutivo como una victoria directa de la unidad sindical y de la presión ejercida en las calles y en los despachos parlamentarios. Según los dirigentes gremiales, los cambios propuestos vulneraban derechos adquiridos durante décadas y ponían en riesgo la estabilidad de millones de familias argentinas.
Críticas a la flexibilización y defensa de los convenios
En sus declaraciones, los referentes de la CGT sostuvieron que la reforma pretendía instaurar un modelo de precarización bajo la excusa de la modernización económica. Entre los puntos que generaron mayor fricción se encontraban la modificación del régimen de indemnizaciones, la extensión de los periodos de prueba y la limitación del derecho a huelga en servicios considerados esenciales. Para el sector sindical, estas medidas no fomentan la creación de empleo genuino, sino que facilitan el despido arbitrario y debilitan el poder de negociación de los trabajadores frente a las cámaras empresariales.
Asimismo, destacaron que el diálogo social no debe ser una instancia de imposición unilateral. La dirigencia obrera manifestó que el Gobierno debió reconocer que no contaba con el consenso necesario ni con los votos en el Congreso para avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo. A pesar del alivio por la postergación, advirtieron que se mantienen en estado de alerta permanente ante cualquier nuevo intento de reflotar el proyecto mediante decretos de necesidad y urgencia o maniobras legislativas alternativas durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Hacia una agenda de reconstrucción salarial
Con la reforma laboral en suspenso, la CGT busca ahora trasladar la discusión hacia la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, fuertemente castigados por la inflación acumulada. Exigieron la reapertura de paritarias sin techos impuestos y solicitaron al Estado un mayor control sobre los precios de los productos de la canasta básica. Para la central obrera, la verdadera modernización laboral pasa por la capacitación tecnológica y la inclusión de los trabajadores informales, pero siempre manteniendo las protecciones legales básicas que establece la Constitución Nacional.
Finalmente, hicieron un llamado a la unidad de todo el arco sindical, incluyendo a las dos CTA y a los movimientos sociales, para consolidar una postura común frente a las políticas de ajuste. El comunicado cierra ratificando que el movimiento obrero no será un espectador pasivo de la realidad económica y que continuará utilizando todas las herramientas legales y de protesta para impedir que el costo de la crisis recaiga exclusivamente sobre los hombros de los asalariados. La postergación del debate legislativo es vista, por ahora, como un respiro necesario para reorganizar la defensa de los derechos laborales.
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