El presidente Javier Milei brindó definiciones clave sobre el rumbo de las cuentas públicas tras los cambios introducidos por el Congreso en el proyecto de Presupuesto 2025. En una reciente intervención, el mandatario nacional aclaró que su administración no hará uso del veto presidencial para anular las modificaciones aprobadas por los legisladores, pero advirtió que la ejecución real de los fondos estará estrictamente ligada al cumplimiento de la regla de déficit cero que sostiene su programa económico.
La estrategia del ajuste por partidas
El jefe de Estado explicó que, si bien aceptará el marco general del presupuesto modificado, el Poder Ejecutivo utilizará su facultad de administración para asignar los recursos según la recaudación efectiva. De esta manera, si los gastos aprobados por el parlamento superan los ingresos reales o ponen en riesgo el equilibrio fiscal, el gobierno procederá a realizar recortes o subejecuciones en diversas partidas para compensar los excedentes. Esta postura busca evitar el costo político de un veto total mientras se mantiene la disciplina fiscal.
Milei enfatizó que la prioridad absoluta de su gestión es la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación, por lo que cualquier aumento de gasto que no tenga una contrapartida genuina de ingresos será neutralizado mediante el ajuste en otras áreas del Estado. Según la visión presidencial, esta metodología garantiza que el país no vuelva a recurrir a la emisión monetaria ni al endeudamiento para financiar un déficit que considera la raíz de todos los problemas económicos de Argentina.
Impacto en provincias y ministerios
Esta decisión tiene implicancias directas para las provincias y las carteras ministeriales, ya que los fondos que fueron aumentados por presión legislativa podrían no ser girados en su totalidad si la caja del Tesoro Nacional no lo permite. El mandatario fue tajante al señalar que la firma del presupuesto por parte del Congreso no obliga al Ejecutivo a gastar dinero que no tiene, estableciendo un sistema de prioridades donde el pago de la deuda y el sostenimiento de la caja básica estatal estarán por encima de las obras públicas o los giros discrecionales.
La reacción de los distintos bloques políticos ante este anuncio ha sido variada, con sectores de la oposición cuestionando la validez de la deliberación parlamentaria si luego el Ejecutivo modifica discrecionalmente las asignaciones. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía ratificaron que este es el único camino para consolidar la confianza de los mercados y asegurar el crecimiento a largo plazo. En las próximas semanas, se espera la reglamentación de las partidas para observar cuáles serán los sectores que sufrirán las mayores restricciones en el inicio del próximo ejercicio fiscal.
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