La causa judicial que investiga el intento de sustracción de estupefacientes por parte de siete efectivos de la Policía del Chaco ha tomado un nuevo impulso tras las primeras pericias realizadas a los elementos secuestrados. La fiscalía federal, a cargo de la instrucción, ha comenzado a recibir informes preliminares sobre el contenido de los teléfonos celulares incautados a los implicados, lo que permitiría establecer si existió una planificación previa mediante servicios de mensajería instantánea. El hecho, ocurrido durante un operativo de quema de sustancias ilícitas, ha generado un fuerte cimbronazo en la estructura de la fuerza de seguridad.
Nuevas pruebas y declaraciones indagatorias
En las últimas horas, se han recolectado testimonios clave de otros funcionarios que participaron del operativo de incineración, quienes habrían aportado datos sobre el comportamiento inusual de los sospechosos momentos antes del control de pesaje. Los investigadores analizan minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad del predio donde se realizaba la quema, buscando determinar el momento exacto en que los ladrillos de cocaína y marihuana fueron desviados de su destino final hacia las mochilas y vehículos particulares de los agentes de la División Drogas Peligrosas.
Se espera que durante la próxima semana se lleven a cabo las declaraciones indagatorias, donde los siete policías detenidos, entre ellos un comisario, tendrán la oportunidad de defenderse de las imputaciones. La carátula del expediente se mantiene firme bajo las figuras de malversación de caudales públicos, infracción a la ley de estupefacientes y asociación ilícita, agravadas por la condición de funcionarios públicos de los acusados. La justicia busca determinar si esta red contaba con ramificaciones externas que se encargaran de la posterior comercialización de la sustancia robada.
Medidas disciplinarias y depuración de la fuerza
Desde el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad han ratificado la decisión de avanzar con la exoneración definitiva de todos los involucrados una vez que se dicten los procesamientos correspondientes. Mientras tanto, el proceso administrativo interno de la Policía del Chaco continúa su curso con el objetivo de identificar si hubo fallas en los controles jerárquicos que permitieron que una maniobra de tal magnitud fuera intentada a plena luz del día. Se han dispuesto auditorías sorpresivas en otras divisiones de la fuerza para prevenir situaciones similares.
El impacto social del caso ha obligado a las autoridades a revisar los protocolos de custodia y destrucción de evidencia. La transparencia del sistema judicial y policial se encuentra bajo la lupa, y desde el juzgado federal interviniente se ha garantizado que no habrá concesiones para quienes utilicen su uniforme para cometer delitos de narcotráfico. La sociedad permanece atenta a los avances de esta causa, que representa uno de los hechos de corrupción institucional más graves de los últimos años en la provincia.
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