En el marco de la investigación que ha generado una crisis de confianza en la seguridad provincial, se conocieron detalles sobre la identidad y las funciones de los siete efectivos policiales arrestados. Entre los detenidos destaca la figura de un comisario, quien poseía una jerarquía relevante dentro del escalafón de la fuerza, acompañado por seis agentes subordinados. Todos los implicados pertenecían a la División de Drogas Peligrosas, el área específicamente encargada de combatir el narcotráfico en la región.
Jerarquías y roles en la maniobra delictiva
La detención del comisario ha causado especial asombro en las filas de la Policía del Chaco, ya que se trataba de un funcionario con años de servicio y responsabilidad en el manejo de personal operativo. Según la hipótesis que maneja la fiscalía federal, el jefe policial habría tenido un rol de coordinación o de omisión deliberada para permitir que sus subordinados sustrajeran los ladrillos de cocaína y marihuana antes de que fueran ingresados al horno incinerador. Los seis agentes restantes habrían ejecutado la sustracción física del material aprovechando el movimiento logístico de las cajas.
Los investigadores han puesto el foco en cómo se vulneraron los protocolos de cadena de custodia que, en teoría, cuentan con múltiples firmas y controles cruzados. El hecho de que todos los involucrados pertenezcan a la misma división operativa sugiere la existencia de una célula de corrupción que actuaba de forma organizada. Los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados al comisario y a los agentes serán determinantes para saber si esta no fue la primera vez que realizaban una maniobra de este tipo durante actos de destrucción de evidencia.
Impacto en la estructura de Drogas Peligrosas
A raíz de la gravedad de los cargos y la cantidad de personal involucrado, la cúpula policial ha ordenado una intervención administrativa en la división afectada. La medida busca transparentar todos los procedimientos actuales y asegurar que no existan más ramificaciones de esta red delictiva. El Ministerio de Seguridad ratificó que el comisario y los agentes han sido pasados a disponibilidad con cese de haberes, e inició el proceso para su exoneración definitiva una vez que la justicia dicte los procesamientos correspondientes.
La sociedad civil y diversos sectores políticos han manifestado su repudio ante la situación, exigiendo que se profundicen los controles sobre los depósitos de secuestros. Mientras tanto, los siete policías permanecen alojados en unidades de detención incomunicados entre sí, a la espera de ser trasladados al juzgado para prestar declaración indagatoria. La carátula del expediente incluye los delitos de infracción a la Ley de Estupefacientes, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, agravados por su condición de garantes de la seguridad pública.
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