Un escándalo institucional sacude a las fuerzas de seguridad tras iniciarse una investigación penal y administrativa contra un grupo de efectivos policiales. Los uniformados están bajo la lupa por la presunta sustracción de varios kilogramos de estupefacientes que debían ser destruidos en un acto oficial de quema de drogas. El hecho habría ocurrido en el marco de un procedimiento de eliminación de cargamentos incautados en operativos previos, donde se detectaron faltantes injustificados en el pesaje final.
Irregularidades detectadas en el protocolo de destrucción
La sospecha surgió cuando los órganos de control interno y las autoridades judiciales encargadas de supervisar la incineración notaron discrepancias entre los remitos de los depósitos judiciales y la cantidad de bultos efectivamente arrojados al horno incinerador. Según las primeras versiones del caso, los policías involucrados habrían aprovechado momentos de distracción o fallas en la cadena de custodia para retirar panes de droga antes de que fueran consumidos por el fuego.
A raíz de esta situación, el Ministerio de Seguridad dispuso el pase a disponibilidad preventiva de los agentes que participaban del operativo de traslado y custodia del cargamento. Asimismo, se realizaron allanamientos en los domicilios particulares de los implicados y en dependencias policiales para intentar recuperar el material sustraído, el cual se presume que podría haber tenido como destino el mercado ilegal para su comercialización.
Medidas disciplinarias y avance de la causa judicial
Desde la cúpula policial aseguraron que se actuará con el máximo rigor para sancionar a quienes hayan incurrido en estas prácticas delictivas que manchan el uniforme. La fiscalía de investigaciones administrativas inició un sumario interno paralelo a la causa penal, la cual está caratulada provisoriamente como malversación de caudales públicos y tráfico de estupefacientes agravado por la condición de funcionario público de los presuntos autores.
Se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del predio donde se realizó la quema y los testimonios de otros efectivos presentes para determinar las responsabilidades individuales. Las autoridades judiciales no descartan que existan más personas involucradas en la maniobra, lo que podría derivar en una purga más profunda dentro del área de narcocriminalidad. La transparencia de los procedimientos de destrucción de drogas quedó bajo cuestionamiento, motivando la revisión de los protocolos vigentes para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.
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