Un complejo entramado criminal comenzó a salir a la luz tras la captura de un sujeto en la provincia de Tucumán, quien contaba con un pedido de detención nacional por un violento ataque ocurrido en territorio chaqueño. Según las primeras líneas investigativas, el hombre no habría actuado por motivos personales, sino que habría sido contratado por terceros para llevar adelante una agresión física contra otro ciudadano, bajo la modalidad de sicariato o ataque por encargo.
Cooperación entre provincias y captura
La detención fue el resultado de un trabajo coordinado entre el Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco y sus pares de la policía tucumana. Tras el hecho violento, el sospechoso huyó de la provincia, intentando ocultarse en el norte del país. Sin embargo, el seguimiento de sus movimientos a través de redes sociales, antenas de telefonía móvil y testimonios de su círculo cercano permitió ubicar su paradero exacto en una vivienda de la capital tucumana, donde se procedió a su aprehensión durante un allanamiento.
Al momento de ser interceptado, el individuo intentó brindar una identidad falsa, pero los registros dactiloscópicos confirmaron rápidamente que se trataba de la persona buscada por la justicia chaqueña. Los efectivos secuestraron en el lugar prendas de vestir y dispositivos móviles que podrían contener evidencia sobre las comunicaciones mantenidas con quienes habrían financiado o encargado la agresión. El detenido permanece bajo custodia en Tucumán a la espera de que se concrete su traslado hacia Resistencia para comparecer ante el fiscal interviniente.
Investigación sobre los autores intelectuales
El foco de la causa ahora se centra en determinar quiénes fueron los instigadores del ataque y cuál fue el móvil que originó la contratación del agresor. Se analizan diversas hipótesis, que van desde deudas económicas hasta conflictos de índole personal o vinculados a actividades ilícitas. La víctima, quien sufrió heridas de consideración durante el asalto original, ya ha aportado su testimonio, aunque manifestó desconocer al atacante, lo que refuerza la teoría de que se trató de un «trabajador» enviado con un objetivo específico.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que este tipo de delitos representan una preocupación creciente por el nivel de planificación involucrado. Se espera que el análisis de los teléfonos secuestrados brinde nombres y datos sobre las transacciones de dinero que se habrían realizado para ejecutar el plan. Por el momento, la causa está caratulada preventivamente como lesiones graves agravadas por precio o promesa remuneratoria, una figura que prevé penas severas dentro del Código Penal Argentino.
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