Una situación de desorden público y tensión se registró en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde un grupo de personas interrumpió el tránsito de manera ilegal. El hecho ocurrió en una de las arterias que conecta barrios periféricos con la zona céntrica, donde los manifestantes no solo impidieron la libre circulación de vehículos, sino que además comenzaron a exigir una suma de dinero a modo de peaje para permitir el paso de motociclistas y automovilistas.
Denuncias de vecinos y presencia policial
La intervención de las fuerzas de seguridad se dio tras reiterados llamados al servicio de emergencias 911 por parte de conductores que se vieron intimidados por el grupo de sujetos. Según los testimonios recolectados en el lugar, las personas apostadas en el corte utilizaban palos y otros elementos contundentes para obligar a los transeúntes a detener su marcha. En caso de que los ciudadanos se negaran a pagar el monto solicitado, eran víctimas de insultos y amenazas de daños a sus vehículos.
Al arribar al sitio, los efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional intentaron dialogar con los responsables del corte para que depusieran su actitud y liberaran la calzada. Sin embargo, la respuesta de los manifestantes fue hostil, lo que obligó a solicitar el refuerzo de unidades especiales de la División Infantería para garantizar la seguridad de los terceros que se encontraban retenidos en la vía pública. Tras varios minutos de tensión, la policía logró dispersar al grupo y restablecer el flujo vehicular de manera normal.
Identificación y actuaciones judiciales
A raíz del operativo, se procedió a la identificación de los cabecillas de la maniobra, quienes quedaron supeditados a una causa judicial por infracción al Código de Faltas y por entorpecimiento de los servicios públicos. Las autoridades locales manifestaron que no permitirán este tipo de prácticas extorsivas que afectan la convivencia ciudadana y el derecho a circular libremente. Se mantuvo una guardia preventiva en el sector para evitar que el grupo volviera a instalarse una vez retirada la custodia principal.
Desde la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña se informó que se han intensificado los patrullajes en puntos estratégicos donde suelen ocurrir este tipo de bloqueos informales. El fiscal en turno fue notificado de los pormenores del caso y dispuso que se tomen declaraciones a las víctimas que fueron obligadas a entregar dinero, con el fin de agravar la imputación contra los responsables si se comprueba el delito de coacción o extorsión en la vía pública.
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