En un fallo que marca un hito en la justicia chaqueña, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia condenó unánimemente al dirigente social Carlos Iván Barraza a diez años de prisión de cumplimiento efectivo. El líder del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH) fue hallado penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, tras una extensa investigación sobre el desvío de fondos estatales.
Detalles del Veredicto y el Esquema de Corrupción
El tribunal, integrado por las juezas Glenda Vidarte, Natalia Kuray y Julieta Dansey, determinó que Barraza encabezó un sistema sistemático de apropiación de recursos públicos que debían destinarse a programas sociales. Estos fondos eran canalizados a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y Lotería Chaqueña. La condena incluye también la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso total de los bienes secuestrados durante los operativos, que incluían camionetas, materiales de construcción y bicicletas.
La lectura de la sentencia, que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025, confirmó las sospechas sobre el uso discrecional de recursos de empresas estatales como Sameep, donde Barraza utilizaba personal y herramientas para fines personales y clientelares mientras se desempeñaba como jefe de un sector de la empresa. Al escucharse el veredicto, el condenado reaccionó con aplausos irónicos antes de ser retirado esposado del recinto.
Investigaciones Derivadas a Funcionarios y Allegados
Lejos de cerrar el caso, el fallo del tribunal ordena profundizar la investigación en múltiples direcciones. Se solicitó al equipo fiscal indagar la conducta de exfuncionarios del IAFEP, como Carlos Mauricio Andión, y evaluar la responsabilidad de actuales y antiguos directivos de organismos como el IPDUV y Sameep por la presunta omisión de controles. Además, se dispuso investigar a familiares y colaboradores cercanos de Barraza por irregularidades relacionadas con el cobro de horas extras y el uso de vales de combustible, abriendo una nueva etapa judicial que podría involucrar a más responsables en la red de corrupción.
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